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El Parlament aprobó ayer la ley de contaminación acústica, que obligará a los municipios con más de 25.000 habitantes de Balears a diseñar un plan antirruidos en un plazo máximo de cinco años. Sin embargo, la ley de acompañamiento ya permite desde enero aplicar algunas medidas para reducir el nivel de ruidos en Balears. De hecho, el Govern está a punto de comunicar a GESA que ha superado los niveles de ruido en su central eléctrica de Son Reus. GESA tiene medio año para reducir los decibelios en la zona de Palmanyola, según pudo saber ayer este periódico. Las mediciones, realizadas en horario de mañana y noche, han demostrado que esta central eléctrica produce un nivel de ruido superior a lo permitido. El Govern abrirá un expediente a GESA, aunque no existe ninguna voluntad política de sancionar a la empresa eléctrica. El objetivo es que la compañía rebaje el nivel de ruidos en los próximos meses.

La ley de contaminación acústica aprobada por el Parlament tiene un plazo de ejecución hasta el año 2012. El proyecto fue aprobado por la Cámara con un amplio grado de consenso, aunque algunos portavoces parlamentarios lamentaron que no hubiese una mayor eficacia en la aplicación de la normativa. Durante el debate final de la ley, el conseller de Medi Ambient, Jaume Font, resaltó que la nueva normativa se adapta a la ley comunitaria y que, incluso, supera las exigencias de la normativa nacional. De hecho, y según la ley nacional, sólo las poblaciones con más de 250.000 habitantes estarían obligadas a realizar un mapa de ruidos y mecanismos para reducir el nivel de decibelios. De esta manera, sólo Palma se vería afectada por la ley nacional de rudios.

La ley tiene un ámbito de aplicación que no afecta a aeropuertos y puertos de competencia estatal. Tampoco a las instalaciones militares.

La ley establece que la delimitación de las áreas acústicas corresponde a los ayuntamientos, los cuales podrán desarrollarlas mediante los instrumentos de los planeamientos urbanísticos. Una vez aprobada la delimitación inicial de las áreas acústicas, los ayuntamientos están obligados a controlar periódicamente el cumplimiento de los límites en cada una de estas áreas.