Los principales imputados en el «caso Andratx», la supuesta trama de corrupción urbanística en ese municipio, Eugenio Hidalgo y Jaume Gibert, pueden negarse a responder a las preguntas que el miércoles les formularán el juez y el fiscal debido a que sus abogados no han tenido acceso a los testimonios que incriminan a sus clientes.
Trece piezas de la «operación Voramar» siguen bajo secreto, cuestión que según los letrados, les impide conocer el alcance de las testificales de los testigos de cargo, entre ellos, Maribel Seguí, Cinta Moyá y el promotor Manuel Zapata.
Hidalgo y Gibert, en ese contexto, podrían acogerse al derecho constitucional de no responder a las preguntas debido al desconocimiento que tienen sus abogados del conjunto del sumario. Idéntica situación se ha planteado en otras causas que se instruyen en los Juzgados de Instrucción de Palma, como el de las supuestas subvenciones irregulares concedidas por el Consell de Mallorca. Los directivos de las empresas beneficiadas se han negado en dos ocasiones a prestar declaración ante el juez debido a que la causa está bajo secreto desde hace varios meses.
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