Ambos criticaron que «la vigilancia de los espacios naturales protegidos se asigne a empresas privadas, como si fuera la vigilancia de una discoteca, y se haga cargo de una responsabilidad tan importante personal sin la preparación adecuada ni autoridad en caso de detección de alguna irregularidad o delito. Mientras, los funcionarios preparados, es decir, los agentes medioambientales son menos que en 2003».
Con datos proporcionados por CC OO, los dos diputados destacaron que «Balears es la comunidad, en números absolutos, con menos agentes medioambientales en España. En números relativos, también estamos a la cola. El número de habitantes por agente medioambiental en Balears es de 20.438, el segundo más alto de España. Por superficie, el dato también es negativo. A cada agente medioambiental de las Islas le tocan 102 kilómetros cuadrados. Ocupamos el duodécimo lugar».
Por su parte, el conseller de Medi Ambient, Jaume Font, negó y tachó de «disparate» la acusación de EU-EV. Font subrayó que el concurso convocado por la Conselleria es para cubrir el mantenimiento de los 520 anclajes y boyas instalados en Lugares de Interés Comunitario del litoral para evitar que los fondeos de embarcaciones dañen las praderas de posidonia. El conseller insistió en que la adjudicación a empresas externas de estos servicios «no tiene nada que ver» con la privatización de la vigilancia para controlar las denuncias por infracciones medioambientales.
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