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M.JUNCOSA
La Delegación de la Agencia Tributaria en Balears duplicó durante el año pasado las actuaciones de control sobre el sector inmobiliario, una de las áreas prioritarias marcadas en el Plan de Prevención de Fraude Fiscal puesto en marcha por el Ministerio de Economía y Hacienda en 2005, investigando en profundidad a 451 contribuyentes -sobre todo sociedades- a las que el Fisco les ha reclamado una deuda tributaria de 31,6 millones, lo que supone un crecimiento del 15,5 por ciento respecto al año anterior y del 75 por ciento sobre 2004.

Así lo anunció ayer el delegado de la Agencia Tributaria en las Islas, Raúl Burillo, quien informó por otra parte que las medidas preventivas relacionadas con el sector inmobiliario -la inclusión de la referencia catastral en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la declaración de si la vivienda habitual es en propiedad o en alquiler- han permitido en dos años incrementar el número de declarantes de ingresos por alquiler en 5.270 contribuyentes, hasta una cifra total de 41.252 declarantes de rendimientos de capital inmobiliario.

En cuanto a los rendimientos, el cruce de declaraciones de IRPF ha permitido aflorar unos ingresos de 83,3 millones procedentes de alquileres que antes no se declaraban, hasta alcanzar una cifra global de 433,4 millones.

Otros de los aspectos prioritarios marcados en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal es la investigación de tramas de IVA, las cuales actúan fundamentalmente defraudando el Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones intracomunitarias. Burillo informó que no se han detectado tramas de importancia en las Islas desde la denunciada en 2005 en el sector de «rent a car».