«El destinatario era mi cliente (Mariano Vives), y no Massot, al que no conozco en absoluto», explicó Coll, que se siente víctima «de una confabulación».
«Soy el cabeza de turco de una operación política orquestada para perjudicarme», señaló. «Insisto: no conozco a nadie del Ajuntament d'Andratx», precisó.
Agentes especializados de la Guardia Civil interrogaron el pasado jueves al presidente del Consell Consultiu, al que imputan un supuesto delito de tráfico de influencias.
Una de los documentos que le enseñaron fue la carta, en la que, al parecer, intercedía para favorecer los intereses de S'Almudaina Dos, que promovía una urbanización en el Port d'Andratx. Tanto Coll Carreras como su hijo asesoran jurídicamente a la promotora. Según los datos que maneja la Guardia Civil, Massot habría favorecido, desde su cargo, los intereses de S'Almudaina Dos, cobrando, supuestamente, determinadas cantidades de dinero.
El ex director d'Ordenació del Territori, precisamente, ha sido nuevamente citado en calidad de imputado, el próximo 17 de mayo, por el juez instructor del «caso Andratx», Àlvaro Latorre.
Las formas empleadas en la citación e interrogatorio de Coll Carreras, un jurista menorquín, de 92 años, ha generado un alud de críticas entre determinados agentes jurídicos.
Una de las voces más críticas con las formas empleadas para citar e interrogar a Coll Carreras ha sido la del abogado Rafael Perera, secretario del Consell Consultiu y defensor del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, uno de los principales imputados de la «operación Voramar», junto al celador Jaume Gibert.
Perera considera que el presidente del Consell Consultiu debería haber prestado declaración directamente ante el juez instructor del «caso Andratx», Àlvaro Latorre, «dada la intachable trayectoria profesional de un jurista de reconocido prestigio como es Miguel Coll Carreras», afirmó el letrado.
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