Corral indicó que «hasta ahora, las expropiaciones de suelo rústico se valoraban en función de operaciones de compraventa de fincas colindantes y se fijaba una media. Con la nueva ley, el baremo de las valoraciones de las expropiaciones de suelo rústico estará determinado por el rendimiento agrícola, pues se supone que ése es el único uso posible para este tipo de suelo».
El decano advierte de que «las consecuencias de esta nueva medida serán muy apreciables en Mallorca, donde el suelo rústico no tiene valor como tal, sino en función de su edificabilidad, como si fuera un urbanizable». Cabe recordar que la superficie mínima para construir en el suelo rústico común es de dos quarterades, algo más de 14.000 metros cuadrados.
Corral no quiso cuantificar la pérdida de valor del suelo rústico de cara a futuras expropiaciones para construir infraestructuras o equipamientos (carreteras, centros educativos, centros sanitarios u hospitalarios, depuradoras, etc.), pero la definió como «una caída en picado». Fuentes consultadas por este periódico han llegado a cifrar la pérdida de valor «en un 80 ó 90 por ciento».
El decano de los arquitectos señaló que «esta circunstancia no afecta al valor inmobiliario del suelo rústico. En este mercado no habrá variación, pero si es la Administración la que se dirige a un propietario para expropiarle su finca, la valoración no tendrá nada que ver con lo inmobiliario y se cuantificará en función de los rendimientos agrícolas del terreno».
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