Este convenio fue firmado por el Govern en la época en que Aznar era presidente del Gobierno central. La llegada del PSOE al Gobierno provocó una serie de des encuentros entre ambas administraciones, central y autonómica, y el Ejecutivo de Zapatero decidió dejar de abonar los pagos al entender que las obras hechas por el Govern no estaban debidamente justificadas.
La portavoz del Govern, Margarita Nájera, informó ayer de que el Ejecutivo no ha tenido más remedio que presentar este requerimiento porque así lo han recomendado los servicios jurídicos de la Conselleria de Benestar Social. En caso de no haber realizado este trámite antes del próximo 31 de julio, el Govern hubiera renunciado a exigir formalmente el pago de la deuda, es decir, hubiera perdido los 25 millones.
La decisión se tomó ayer en la reunión del Consell de Govern ordinario, tras el cual la portavoz del Ejecutivo explicó que la intención del Ejecutivo es actuar en defensa de los intereses de Balears. Nájera informó de que la consellera de Benestar Social, Josefina Santiago, había informado de la conveniencia de hacer este requerimiento formal «en defensa de los intereses de la Comunitat Autònoma», para que Balears no pierda este dinero.
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