La suspensión cautelar, durante dos meses, de las obras del nuevo hospital de referencia en Son Espases, anunciada ayer por el presidente del Govern, Francesc Antich, es una decisión que no puede ser calificada de sorprendente; desde el primer momento, los nuevos responsables del Ejecutivo autonómico le habían dado la máxima prioridad a la paralización de este proyecto.
Durante el parón de las obras, que se hará efectivo a partir del próximo viernes, el Govern deberá estudiar "y explicar" la solución final que piensa dar a una carencia básica de nuestro sistema sanitario: la sustitución del obsoleto Son Dureta. En este punto hay coincidencia total y absoluta entre todos los sectores implicados y, por tanto, es inadmisible que se demore de manera injustificada su ejecución.
Desde el mismo momento en que el anterior Govern acordó construir en Son Espases el nuevo centro hospitalario, han arreciado las críticas de los vecinos, además de plantearse dudas sobre la limpieza en la adquisición del solar y la adjudicación de las obras. Los tribunales, tras las impugnaciones presentadas por dos empresas que se habían presentado al concurso, dirán si ha habido o no irregularidades. No se puede olvidar que, después de una fuerte campaña de presión, el Govern Matas cambió su decisión. Si Antich y su Govern tienen sospechas de alguna ilegalidad deben, igualmente, denunciarlo.
El colectivo médico ha sido claro en su apuesta: un hospital de nueva construcción, mientras que el Govern da la impresión que se mueve en una postura mucho más ecléctica: la reforma de Son Dureta si las indemnizaciones por no construirlo en Son Espases no hipotecan las arcas autonómicas. Bien está que se mediten las decisiones, más cuando son de un gran impacto, pero ello no puede significar retrasos innecesarios en la ejecución de un proyecto tan imprescindible.
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