La comparecencia de la ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, ayer en el Congreso de los Diputados evidenció, una vez más, el elevado grado de indignación existente en la mayoría de la sociedad catalana por las graves deficiencias de los principales servicios públicos en las últimas semanas que se han traducido en interminables apagones en la Ciudad Condal, el atasco de la red de autopistas y atrasos continuos en la línea de ferrocarriles de Renfe, además del colapso en el aeropuerto de El Prat.
Todas las fuerzas políticas catalanas con representación en el Congreso pidieron sin tapujos la dimisión de la ministra Àlvarez, la cual, en una larga intervención, no aportó ninguna novedad respecto a las versiones iniciales; circunstancia que viene agravada por el bochornoso espectáculo protagonizado por los dirigentes de Fecsa-Endesa y Red Eléctrica en el Parlament catalán en el que ambos responsabilizaban a la otra empresa de los apagones en Catalunya.
La sociedad barcelonesa ha mostrado su hartazgo tanto por las formas como por el fondo de la cuestión. Caceroladas, protestas continuadas por una manifiesta ineficacia de los poderes públicos ante una situación de la que eran, y son, responsables directos explican la dureza de los ataques a la responsable del Ministerio de Fomento y ante los que se hace preciso saber qué reacción han provocado en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Al margen de la trifulca política se hace preciso conocer qué garantías da el Estado para que no vuelva a repetirse una situación similar, tanto en Catalunya como en cualquier otra comunidad. Mientras, parece lógico que pague un precio político la que pide paciencia como único remedio.
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