EfePalma20/10/07 0:00
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El PP ha presentado medio centenar de enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2008 que suman inversiones estatales adicionales para Balears por valor de mil millones de euros, en muchos casos a través de partidas plurianuales.

Así lo anunció la portavoz adjunta del partido en el Congreso de los Diputados María Salom, en una rueda de prensa en la que indicó que una de las enmiendas va en el sentido de que el Gobierno colabore en la construcción del nuevo hospital de referencia con 43 millones de euros.

Acompañada del también diputado nacional Miguel Angel Martín Soledad, Salom se quejó de que, con las cuentas de 2008, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero «vuelve a castigar» de «mala manera» a Balears, al colocarla «a la cola» de las inversiones, con unos 300 millones de euros para el año que viene.

Es por ello que el partido ha decidido presentar una cincuentena de enmiendas, en las que también se pide que la transferencia de la competencia de Justicia esté dotada con 80 millones, que es la cantidad que fijó el sector tras ser consultado por el anterior Govern del PP.

Al respecto, la diputada ha calificó de «chapuza» la negociación que realiza el conseller de Presidència, Albert Moragues, que a la «mínima de cambio» rebajó en «35 millones de euros» el importe de esa competencia, a pesar de que ese dinero le hace falta a las Islas «como el pan».

Salom comentó que otras enmiendas piden financiación para la reforma integral de la Platja de Palma, para la adquisición de terrenos en el litoral balear (40 millones) y para reflotar el buque «Don Pedro», hundido cerca del puerto de Ibiza desde julio.

Al Ministerio de Fomento el PP le reclama los 18 millones de euros previstos para el descuento de los residentes en el transporte marítimo y aéreo para destinarlos a la instauración de la tarifa única de 27'5 euros, de la que también podrían beneficiarse los extranjeros extracomunitarios.

También exige 120 millones de euros para soterrar las vías del tren a su paso por Inca y Manacor, que se fijen partidas para hacer frente a los compromisos del primer convenio de carreteras y, entre otras cuestines, que se declaren determinados vuelos entre las islas y la Península de servicio público.