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El conseller de la Vivienda, Jaume Carbonero, anunció ayer en el Parlament que su departamento comenzará a dar ayudas para rehabilitar barrios a partir del próximo año. Estas ayudas se concederán a los ayuntamientos mientras el Govern ultima la elaboración de la ley de barrios. El objetivo es reurbanizar zonas degradadas de núcleos urbanos, rehabilitar fachadas y dar prioridad en estas zonas a la instalación de equipamientos de los distintos departamentos del Govern. En Palma, Cort y Govern ya han alcanzado un acuerdo para la reforma integral del barrio de Pere Garau.

Durante su comparecencia, Carbonero señaló que su consellería está negociando la aprobación de un plan de la vivienda para que todos los sectores sociales -promotores, constructores y sindicatos- pacten una serie de medidas que permitan el aumento de suelo disponible para la construcción de viviendas sociales. «Soy absolutamente optimista para impulsar de manera más potente el mercado de la vivienda en Balears», planteó el conseller de Vivienda.

El Ibavi, sin suelo
Además, Carbonero explicó en el Parlament que el Ibavi no tiene actualmente suelo para construir viviendas sociales. «Sin materia prima no podemos cumplir nuestro objetivo», dijo. En este sentido, Carbonero espera que el Ajuntament de Palma ceda terrenos para construir viviendas sociales. Actualmente, Cort «adeuda» al Govern suelo por valor de más de 30 millones de euros en el término municipal de Palma.

En materia de ayudas, Carbonero anunció una mayor flexibilidad para que los promotores también puedan rehabilitar inmuebles para viviendas que no son sociales.

Asimismo, Carbonero anunció la redacción de una ley de la vivienda para regular la compra-venta de pisos de protección oficial y las fianzas que deben depositarse cuando se alquila un inmueble. «Es la única comunidad que no tiene una ley de la vivienda», advirtió. Por otro lado, Carbonero explicó que su departamento pondrá al día las más de 1.000 viviendas que pertenecen al Ibavi y que se destinan a alquiler. «Hemos de reducir la morosidad y la ocupación ilegal», planteó el titular de Vivienda.