La Delegación del Gobierno en Balears ha dictado en los diez primeros meses de 2007 un total de 130 decretos de expulsión de ciudadanos extranjeros en Palma, prácticamente el doble de las ejecutadas en 2006, que ascendieron a 78, según los datos que maneja el departamento que dirige Ramon Socías.
Las órdenes de expulsión afectan a extranjeros `sin papeles´ o que están inmersos en procedimientos penales. En Palma, están pendientes de ejecutar 440 decretos de expulsión.
En total, en Balears (ver gráfico) se habían dictado hasta octubre de 2007 un total de 525 decretos de expulsión de extranjeros.
El resto (497) siguen pendientes de resolución, ya que los ciudadanos extranjeros han logrado eludir la acción de la Justicia. Muchos de ellos «desaparecen» o retrasan las órdenes de expulsión interponiendo recursos ante los tribunales, que tardan años en dictar la resolución definitiva.
Los recursos presentados en los juzgados de sa Gerreria están en manos de los dos magistrados de lo Contencioso-Administrativo de Palma, que antes el espectacular aumento de la carga de trabajo han tenido que programar juicios con bastantes meses de retraso, todos ellos dedicados de forma exclusiva a los asuntos relacionados con los ciudadanos extranjeros.
Los inmigrantes indocumentados y con órdenes de expulsión son registrados en un programa de la Unión Europea denominado Adextra, que les impide legalizar su situación en cualquier país del ámbito comunitario.
El procedimiento administrativo que finaliza con el decreto de expulsión «es lento, farragoso», y puede tardar unos dos años, según los abogados especializados en extranjeros.
Una vez que la expulsión ha sido decidida, los inmigrantes afectados pueden recurrir por la vía administrativa y, si Delegación mantiene la expulsión, siempre queda el recurso contencioso frente al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
El procedimiento de expulsión empieza cuando se produce una notificación administrativa en el domicilio dado por el afectado en el momento de tramitar la regularización. Si se presenta, le dan 15 días para abandonar el país y, como paso previo, tiene que pasar por el Cuerpo Nacional de Policía para que ejecute la expulsión.
En este momento es cuando los inmigrantes deciden «desaparecer» o recurrir ante el TSJB, que paraliza el proceso y, dada la acumulación de asuntos en la Sala contenciosa, la decisión judicial puede retrasarse, como mínimo, durante dos años.
En el supuesto que la Brigada de Extranjería localice a la persona, al no existir en Palma un centro de internamiento de extranjeros, no puede retenerla si no está acusada de hechos delictivos.
Algunos abogados especializados en la defensa de inmigrantes `sin papeles' han confirmado que los tribunales están dictando más órdenes de expulsión en Palma, circunstancia que vienen detectando en los últimos meses.
Desde hace años, el porcentaje de extranjeros residentes en Balears está creciendo entre un 15 y un 20 por ciento, según la estadística facilitada por el INE, lo que coloca a la Comunitat Autònoma en el puesto número uno en proporción de residentes que proceden de otro país.
Los datos del INE permiten conocer las diferencias que existen entre los distintos municipios de las Islas en lo que a presencia de extranjeros se refiere.
Las localidades costeras, turísticas, son las que cuentan con mayor presencia de ciudadanos del extranjero. Además, el pasado verano más de 50.000 ciudadanos no residentes trabajaron en el turismo balear.
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