La alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo, señaló ayer que el equipo de gobierno que preside no descarta, «de entrada», construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) en suelo rústico en un futuro, si bien añadió que dicho equipo es partidario de «intentar agotar el suelo urbano y urbanizable» que hay en estos momentos en Palma.
La alcaldesa añadió que la opción de construir en suelo rústico debería hacerse, «teniendo siempre en cuenta la necesidad de proteger las áreas naturales y los espacios con un valor patrimonial». Calvo indicó que, en cualquier caso, el Govern no ha aprobado aún ninguna normativa que permita edificar en suelo rústico.
Coincidencias
Calvo respondía, de este modo, a la propuesta presentada por los ediles populares Àlvaro Gijón y Lourdes Bosch en la Comissió d'Urbanisme, en la que pedían que el equipo de gobierno asumiese el compromiso de «agotar el suelo urbano antes de recalificar suelo rústico», y también el de «incrementar de manera proporcionada la densidad o índice residencial de aquellas zonas urbanas de bajo número de viviendas, para favorecer la construcción de viviendas protegidas mediante crecimiento sostenible, preservando así al máximo el entorno rural de Palma».
Dicha propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno, si bien se mostraron de acuerdo con la idea de fondo, con matices, el regidor de Mobilitat, el socialista Joaquín Rodríguez; el teniente de alcalde de Benestar Social, Eberhard Grosske, del Bloc, y el portavoz de UM, Miquel Nadal, aunque no fue posible llegar a un acuerdo de consenso entre todos los grupos.
Por otra parte, en dicha comisión se aprobó de manera inicial el 'Mapa de ruidos'. En dicho punto, la regidora popular Catalina Terrassa, que fue la teniente de alcalde de Medi Ambient en el pasado mandato, pidió que constase en acta su queja formal, ya que se le había facilitado una copia del documento completo el viernes, sólo dos días antes de la celebración de la comisión.
Por último, en dicha comisión se recordó que Cort y el Ajuntament de Llucmajor darán el próximo año 333.000 euros al Consorci de la Platja de Palma, cantidad que el Consell entregará en 2009, mientras que el Govern dará un millón de euros en 2008 y el Gobierno medio millón en 2007 y medio millón en 2008.
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