«El único modo de restaurar el orden jurídico perturbado es la demolición de la construcción ilegal», afirmó ayer el fiscal de Medio Ambiente de Balears Julio Cano enel transcurso de la conferencia «Medioambiente: Garantías y protección pública», que pronunció en unas jornadas sobre la vivienda organizadas por Oviedo Sabías, Abogados, en el Colegio de Abogados de Palma.
Cano, que forma parte del área de la Fiscalía de Ambiente que coordina Adrián Salazar, explicó que la Fiscalía ya está solicitando al juez que condicione la suspensión de penas de cárcel a la reparación del daño, que a su juicio, sólo se consigue con la demolición de la obra irregular. «Es lícito condicionar la suspensión de la pena a la efectiva demolición», subrayó el fiscal, que también se refirió al 'caso Andratx', una supuesta trama de corrupción urbanística que desde hace casi un año investiga el titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma.
«El caso Andratx, como el de Marbella, han provocado deterioro en las instituciones democráticas», precisó Cano, que se extendió sobre varios aspectos del Código Penal de 1995 y los delitos sobre el medio ambiente.
En las jornadas, inauguradas por la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, sobre la vivienda, intervinieron, asimismo, el asesor fiscal Jorge Sainz, el abogado Fausto Oviedo, el notario de Manacor Víctor Alonso, el juez de Familia Joaquín Segovia y el titular del Juzgado de lo Mercantil 1 Víctor Fernández.
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