El portavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens, justificó ayer ante el juez el precio final de 30 millones de euros por el que fueron adjudicados los terrenos de Can Domenge porque, de esa manera, se evitaba la construcción de 'viviendas elitistas' en esa zona palmesana.
En su declaración de más de dos horas como imputado ante el juez instructor del 'caso Can Domenge', Àlvaro Latorre, y la Fiscalía Anticorrupción de Balears, Vicens recordó que él no votó las bases del concurso público en el Pleno y que se limitó a formar parte del tribunal que debía valorar el proyecto arquitectónico.
El ex máximo responsable del Territorio en el anterior Ejecutivo insular que presidía Maria Antònia Munar, declaró como imputado por petición expresa de los asesores jurídicos de la empresa querellante 'Nuñez y Navarro', pese a que no formaba parte del grupo de 19 consellers (16 del PP y 3 de UM), además de Munar, querellados. Vicens, defendido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, subrayó que si el proyecto de Can Domenge hubiese sido adjudicado por 60 millones de euros, que era lo que ofrecía 'Nuñez y Navarro', el precio de las viviendas se hubiese disparado.
El proyecto, al final, salió a concurso por el precio cerrado de 30 millones de euros, que fueron abonados por la UTE formada por Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Ferrá Tur, también imputados en la querella criminal por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales.
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