La semana que mañana comienza será decisiva para la sanidad balear, la cual se enfrenta a dos convocatorias de huelga en sectores tan sensibles como el servicio de urgencias de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de los Centros de Salud y del 061. Las razones para la convocatoria de los paros se centran en la exigencia de los trabajadores en el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Govern, al finalizar la legislatura anterior, que suponían una mejora de sus condiciones laborales y retribuciones.
Desde la Conselleria de Salut i Consum se defienden las tesis economicistas, basadas en las eventuales repercusiones que puede tener en otros colectivos la aceptación de las condiciones actuales del acuerdo, mientras que los sindicatos consideran innegociable un retroceso en los términos del pacto alcanzado con la Administración. Este es, al fin y a la postre, el meollo de la cuestión. A priori, no parece lógico que los actuales gestores de la Conselleria rechacen el cumplimiento de los compromisos alcanzados con el colectivo sanitario, del mismo modo que los responsables políticos que les sucedan también tendrán que hacer frente a los suyos en el futuro. Ésta es la cadena, éste es el juego político puesto que, hasta el momento, nadie ha cuestionado la legalidad del documento que suscribió la entonces consellera Castillo con los representantes sindicales del colectivo médico.
Las posiciones están, a la vista de los acontecimientos, enfrentadas y con pocos visos de alcanzar un acuerdo inmediato que permita desconvocar los paros. Todavía es evitable es imprescindible hacer un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad de las partes por tratar de encontrar un salida honrosa al conflicto, ya que los pacientes serán los inocentes perjudicados del conflicto.
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