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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Balears (TSJB) ha rechazado el primero de un total de dieciséis recursos presentados en contra del Plan Territorial de Mallorca (PTM), aprobado por el Consell de Mallorca el 13 de diciembre de 2004.

Los magistrados no sólo no han admitido las tesis del abogado del recurrente, Agustí Cerveró, sino que han respaldado con énfasis la norma al afirmar en la sentencia que «lo importante es comprobar aquí que el mejor modo de proteger, desde una 'vis preventiva', el entorno natural pasa por el mantenimiento del Plan Territorial de Mallorca y no por la desaparición de éste del ordenamiento jurídico propio de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

El PTM será investigado por un juez de Palma tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que observa la supuesta comisión de hasta tres delitos -prevaricación, urbanísticos y tráfico de influencias- en la gestión de varios cambios de usos de terrenos en las Àreas de Reconversión Territorial (ART). La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción 1, pero su titular, el juez Pedro Barceló, presentó un escrito de abstención ante la Audiencia de Palma alegando amistad con uno de los imputados en la causa. Si la Audiencia acepta esa abstención, el caso lo instruirá el juez Miquel Florit.

El recurso contra el PTM rechazado por el TSJB cuestiona la adecuación a Derecho de esa norma y solicita su íntegra anulación al entender que «contraría dos de las previsiones normativas vigentes en disposiciones jurídicas que cuentan con un rango jerárquico superior al que corresponde al PTM».

Argumentos

La Sala, no obstante, rebate todos esos argumentos y califica de «clave» valorar el «sentido axiológico propio del PTM, y las finalidades que han tratado de lograrse con la aprobación de este reglamento, figura esencial en el diseño de tutela del territorio fijado por el legislador autonómico.»

La sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Fernando Nieto, incide asimismo en la «complejidad y dificultad de la norma», que va a afectar, «con visión de globalidad a un muy elevado número de las actuaciones que inciden sobre el territorio natural».

«Esas dificultades de redacción normativa coadyuvan al resultado judicial de no asignar al defecto el carácter de vicio de nulidad jurídica, sino el de simple irregularidad», precisa la resolución, que puede ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Anticorrupción investigó el PTM durante varios meses e incluso, solicitó las normas subsidiarias de cinco municipios de la Isla: Marratxí, Campos, Alcúdia, Sóller y Llucmajor. El juez, en principio, instruirá la causa bajo secreto del sumario.

El Plan Territorial de Mallorca (PTM) fue aprobado por el Pleno del Consell de Mallorca en diciembre de 2004, como un instrumento que permitiera definir los objetivos de equilibrio territorial de interés general para la Isla. Al mismo tiempo, ha pretendido eregirse en marco orientador de las acciones que emprenden los poderes públicos para crear las condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a determinadas zona, y establece los máximos posibles de desarrollo urbanístico y de techo poblacional.

Diversos miembros del anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca expresaron ayer su satisfacción por la primera sentencia dictada por el TSJB sobre los recursos presentados al Plan Territorial de Mallorca. En ese contexto, algunas fuentes del sector jurídico manifestaron que la sentencia del tribunal administrativo puede marcar la futura instrucción en el ámbito penal.