La proximidad de la cita electoral del 9 de marzo "apenas tres meses" está siendo utilizada por las diferentes formaciones políticas para lanzar, a través de los medios de comunicación, propuestas programáticas a desarrollar en la próxima legislatura. Esta situación forma parte de la liturgia de la precampaña, que después del parón navideño se reanuda con más fuerza si cabe.
Es en este contexto cuando dirigentes del Partido Popular, como Rajoy o Fraga, han comenzado a lanzar promesas destinadas a rectificar distintas decisiones adoptadas por el Gobierno socialista, referidas a la vigente Ley de Educación y a los matrimonios homosexuales, en el caso de que tras los comicios obtengan la mayoría parlamentaria suficiente. Un electorado maduro sólo puede contemplar con preocupación este tipo de guiños electoralistas, entre otras razones por lo que suponen de trivializar aspectos tan importantes como son la estructura educativa de España o las reglas de la convivencia matrimonial, con independencia del sexo de sus integrantes.
Los grandes temas de Estado no pueden quedar sometidos al vaivén político. El inquilino del palacio de La Moncloa, sea Zapatero o Rajoy, no puede basar su acción política en la destrucción del entramado legal promovido por su antecesor. El actuar de este modo, que por desgracia viene siendo demasiado común, acaba traduciéndose en una clara sensación de inseguridad jurídica de la que la sociedad siempre sale perjudicada.
Cabe esperar que en los próximos meses, todos los partidos sean capaces de presentar sus iniciativas en positivo y no buscando el pretexto de destruir lo realizado por los adversarios. Es en estos momentos cuando se puede adivinar la grandeza de los políticos, los que huyen de la promesa fácil.
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