11/02/08 0:00
TW
0

El Tribunal Supremo decidió impedir la concurrencia a las elecciones generales de Acción Nacionalista Vasca (ANV), pero rechazó la disolución de esta formación y la del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) como había pedido la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Estas medidas no afectan a la suspensión de las actividades decretada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En cualquier caso, de cara a los ciudadanos, lo que realmente importa es que no podrán concurrir a los comicios del 9 de marzo. Pero la decisión del Alto Tribunal, que hay que contemplar como lo que realmente es, una decisión judicial y no política, pone en evidencia que los procesos legales deben seguirse y no existen atajos que puedan tomarse en función de la conveniencia o no de una determinada situación.

Y es que para la disolución de ANV y el PCTV hay que demostrar que se trata de auténticos brazos políticos de una organización terrorista a la que le proporcionan información sensible y financiación. Porque, mientras esto no se demuestre, se trata tan sólo de dos formaciones políticas independentistas que tienen todo el derecho a defender sus posiciones en las instituciones.

Ahora bien, si se llega a demostrar con pruebas evidentes su relación con ETA, en ese caso es obvio que debe procederse a su disolución y a la aplicación de todo el peso de la ley sobre sus responsables.

Por eso hay que contemplar con el debido respeto la decisión del Supremo, que obedece a que deben seguirse los pasos establecidos y aportar elementos de prueba para la adopción de una decisión justa. Debe evitarse la presencia de los violentos en la vida pública, pero no pueden ni deben conculcarse derechos fundamentales de los ciudadanos.