UM solicitó ayer por sorpresa al Govern que retire el proyecto de Llei de l'Habitatge, que se encuentra en la actualidad registrada en el Parlament. Para la formación nacionalista, la norma, que había sido consensuada por todos los partidos que forman el Govern, no puede aprobarse de forma definitiva porque en la actualidad «se vive una situación económica y social diferente a la de hace unos meses» y porque «no debe ser una ley de excepciones que permita construir en rústico», según Miquel Nadal, presidente de UM.
A pesar de todo, Nadal insistió en que la nueva postura de UM, planteada tras el cambio en la directiva y adoptada finalmente durante la reunión de la Ejecutiva celebrada el lunes de la semana pasada, no implica «romper ningún pacto de gobierno». «Podemos plantear discrepancias, pero somos fieles a lo firmado».
El presidente de UM, que estuvo acompañado por Miquel Ferrer y Miquel Àngel Grimalt, secretario general y vicepresidente de la formación, respectivamente, basó la decisión en cinco principios fundamentales que la Llei de l'Habitatge «no cumple» y que han llevado a la formación a «reflexionar» y «reconsiderar la necesidad de introducir cambios». Si no, UM no votará a favor de la norma en el Parlament.
Por una parte, «debería gestionar y plantear una gestión racional del suelo rústico en consonancia con los criterios de sostenibilidad aplicados hasta el momento». También «tiene que respetar el principio de seguridad jurídica, libertad de empresa e igualdad de oportunidades» en lo que concierne a «la gestión del suelo», que no debe «estar en las mismas manos». Otro de los ejes que Nadal destacó fue que «hay que respetar el marco competencial». «Las competencias en materia de urbanismo son de los ayuntamientos y el control de legalidad, del Consell, nunca del Govern», dijo el presidente de UM. Para UM, la norma «debería contribuir a satisfacer la necesidad de viviendas a precios asequibles» y, por último, «debería adaptarse a la nueva situación económica, que está marcada por un enfriamiento a nivel global». De ahí que una de las soluciones que plantearan fuera «dar salida a los stocks de viviendas que tienen dificultad para venderse».
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