El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinba), Gabriel Oliver, criticó ayer la «hostilidad hacia nuestro sector, fomentada por grupos de opinión que demagógicamente pretenden enfrentarnos socialmente o bien paralizar nuestra actividad, sin medir las consecuencias negativas que puede suponer», afirmó en referencia a las criticas vertidas por el conseller d'Habitatge, Jaume Carbonero, así como otros partidos políticos y entidades sociales de las Islas.
El presidente de los promotores realizó estas consideraciones durante la cena posterior a la asamblea general anual de la patronal, celebrada en el hotel Valparaíso de Palma, a la que asistieron un centenar de empresarios, así como autoridades políticas y dirigentes empresariales de Balears, caso de la alcaldesa de Palma, Aina Calvo; los consellers d´Habitatge i Obres Públiques y Treball i Formació, Jaume Carbonero y Margarita Nájera, respectivamente; el presidente de la Confederació d´Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Josep Oliver, o el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joan Gual, entre otros.
El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears salió al paso de estas críticas y negó que el sector sea el culpable del crecimiento del precio de la vivienda por la vía de aumentos de beneficios. «Nuestra actividad debe asumir costes pertenecientes a empresas suministradoras y de ejecución de sistemas generales y locales, contribuyendo al mismo tiempo a aumentar beneficios de entidades financieras, de propietarios de suelo; y estando obligados, a la vez, a aplicar nuevas normativas legales que aumentan la calidad y, por tanto, el coste de la vivienda», en referencia sobre todo a la aplicación del Código Técnico de la Edificiación.
«Nuestra actividad», añadió Oliver, «realiza valiosas aportaciones a la sociedad vía ingresos fiscales, fundamentales para mantener el funcionamiento de las instituciones públicas y del gasto social. Una gran parte del coste de la vivienda se debe al elevado sistema impositivo», concluyó.
Por otra parte, Gabriel Oliver solicitó a las administraciones públicas «un esfuerzo conjunto y de común acuerdo para ser capaces minimizar los efectos que supondrá el cambio de ciclo económico para la sociedad balear», el cuál, según recordó, se está plasmando en una desaceleración en cuanto al crecimiento del producto interior bruto sectorial, en caídas en cuanto proyectos visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears y en incrementos en los niveles de paro en el sector de la construcción.
El presidente de los promotores solicitó a las administraciones públicas de Balears un paquete de medidas para reactivar la actividad del sector, que incluyen la aplicación de principios de seguridad jurídica en la legislación urbanística o la disminución de los plazos de gestión urbanística, en especial en la concesión de licencias de obras, así como la adopción de medidas para sacar al mercado viviendas de protección pública promocionadas por la iniciativa privada, utilizando de manera prioritaria el suelo urbano disponible y generando la posibilidad de diversificar al máximo la participación de todo el sector en el menor plazo posible. Asimismo, el presidente de los promotores solicitó al Ejecutivo autonómico que no cree entre los ciudadanos expectativas de posibilidad de compra a bajo precio porque estas paralizan la actividad natural del mercado.
Tras el discurso de Oliver, tomaron la palabra la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, y el conseller d ´Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, quien reiteró que el Govern no renunciará a la aprobación de la Ley de Vivienda, aunque aceptó que la primera opción para la construcción de vivienda pública será el suelo urbano y no el rústico de transición.
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