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Una larga reivindicación de numerosas autonomías se hará, por fin, realidad. El Ministerio de Economía realizará, durante la legislatura que ahora comienza, un estudio pormenorizado sobre la balanza fiscal de las diferentes comunidades, es decir, cuantificará la diferencia entre la aportación y la recaudación del Estado en cada una de las regiones españolas. La cifra se considera que debe incorporarse al futuro sistema de financiación autonómico, cuestión que, como es fácil adivinar, no comparten los responsables de territorios que adivinan que son beneficiarios de la solidaridad estatal -Andalucía y Extremadura- y los que, por el contrario, tienen un saldo negativo, como es el caso de Catalunya. Al margen quedan el País Vasco y Navarra, con sus privilegios forales.

Balears, como resulta fácil adivinar, figurará entre las comunidades con un mayor índice de participación en los ingresos del Estado frente a las inversiones. No es ésta la cuestión. En el caso balear el punto de discusión radica en determinar qué grado de solidaridad tienen las Islas con el resto de España -el tema ha sido una constante desde la creación de nuestra Comunitat. Será, por tanto, esclarecedor para Balears conocer el resultado de la balanza fiscal, es exigible la máxima transparencia en las relaciones del Estado con las comunidades.

Cuestión distinta será la utilización política que, tanto desde las instituciones como desde los partidos, se haga de los datos del informe que preparará el Ministerio de Economía. Éste es el riesgo que está dispuesto a asumir el próximo Gobierno que presidirá José Luis Rodríguez Zapatero, confiado en poder controlar las más que previsibles tensiones de la futura negociación de la financiación autonómica.