De Santos, investigado por un 'agujero' de 1,4 millones en el Parc de sa Riera

Javier Rodrigo de Santos está siendo objeto de otra investigación por parte de instancias judiciales. Esta nueva línea abierta, que nada tiene que ver con la presunta malversación de caudales públicos en locales de alterne de ambiente gay, trata de esclarecer si De Santos, en calidad de máximo responsable de la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans de Palma (EMOP), pudo haber incurrido en algún delito al gestionar la compra del castillo infantil del Parc de sa Riera.

En concreto, De Santos habría dejado un «agujero» de 1,4 millones de euros. De esta cifra, 1,2 millones de euros corresponden al coste de la réplica a escala del Castell de Bellver y el resto, 200.000 euros, son en concepto del IVA.

Las tres presuntas irregularidades iniciales que se están investigando son que el entonces presidente de la EMOP no tenía competencias como tal para efectuar la compra, que no tenía prevista ninguna partida presupuestaria para hacer frente al pago de 1,4 millones de euros y que no se convocó ningún concurso público publicitado para que pudieran licitar distintas empresas.

La réplica del Castell de Bellver se compró a la empresa sueca Hags, que, curiosamente, presentó la factura por sus servicios a la promotora Acciona, que fue la encargada de ejecutar todas las obras interiores del Parc de sa Riera. En principio, lo lógico hubiera sido que la factura se hubiera entregado a la Emop, o directamente a Cort.

A nivel oficial existe el máximo hermetismo a la hora de informar del caso. Pero Ultima Hora ha confirmado que la investigación está en marcha desde hace varios días. Por ello, es previsible que se inicie una toma de declaraciones a las distintas personas que ocuparon cargos de importancia en la EMOP en la etapa de Rodrigo de Santos.

Con respecto a la primera posible irregularidad, la de que la EMOP no era competente para efectuar la compra del castillo infantil, fuentes del anterior equipo de gobierno municipal -del PP-, informan de que por Junta de Govern se cedió a la citada empresa municipal lo que se denomina una «encomienda de gestión», por lo que se entiende que sí estaba autorizado su máximo responsable a gestionar y a ejecutar la compra.