30/03/08 0:00
TW
0

Las alarmas han vuelto a dispararse en nuestro país con el caso de la pequeña Mari Luz Cortés, que además de la lógica conmoción social por lo truculento del asunto, ha puesto de manifiesto una vez más que la Justicia en España tiene agujeros demasiado peligrosos. Ahora el presunto asesino de la niña de Huelva está en la cárcel, pero todos nos preguntamos cuánto tiempo permanecerá ahí si finalmente se confirma la autoría del crimen y, sobre todo, por qué no estaba entre rejas desde hace mucho. Un pederasta juzgado y condenado jamás debe andar libremente como si fuera un ciudadano más. El hecho demuestra una trágica cadena de errores judiciales que resulta incomprensible e indignante a partes iguales.

El primero de ellos, que deberán abordar en el Congreso con celeridad, es la tibieza de las penas a las que se condena a los pederastas. ¿Es admisible que un individuo que abusa de su propia hija de cinco años sea condenado sólo a dos años de cárcel?

El segundo, tremendo, es la negligencia de los responsables de la Justicia. En este caso, la funcionaria encargada de tramitar el asunto estuvo cinco meses de baja y nadie la sustituyó, con lo cual sus tareas quedaron sin hacer. Y es muy lamentable que el decano de los jueces de Sevilla achaque las culpas a la Junta de Andalucía por la falta de dotación y de medios, intentando exculpar al juez que no ejecutó la sentencia, haciendo gala de un «corporativismo» inaceptable.

El tercero, la dramática descoordinación entre jueces y policía, que propició que nadie dictara una orden de busca y captura contra este delincuente peligroso, que cada 15 días se presentaba en un juzgado, cumpliendo una orden judicial, sin que nadie advirtiera que debía estar en prisión por otra causa.

En definitiva, por una parte, un cúmulo de errores y de negligencia que exigen que se adopten medidas disciplinares; y por otra parte, una evidencia más, trágica por cierto, de que el sistema judicial necesita una profunda reforma.