FRANCISCO BARRASA06/04/08 0:00
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Un expediente de ejecución de sentencia, quizá traspapelado más de dos años, evitó el ingreso en la cárcel a un pederasta condenado que, al estar en libertad, pudo reincidir con la niña de cinco años Mari Luz Cortés el pasado enero. La posibilidad de que «accidentes» como éste se produjeran ya estaba en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuatro años antes de ese trágico suceso.

Premonición
En abril de 2004 recibió un informe de la Inspección en el que se alertaba del «elevado número de ejecuciones penales» en trámite (que en 2007 eran más de 400.000 en toda España, 8.000 en Balears) y de la ausencia de programas informáticos para su correcto seguimiento.

El informe ponía el acento en los órganos especializados en este tipo de expedientes -iniciados tras la sentencia y que sirven para verificar el cumplimiento de la pena y de la indemnización impuesta-, abiertos por ejemplo en Palma al inicio de la presente década, como es el Juzgado de lo Penal número 8.

La huelga de funcionarios y empleados de Justicia en comunidades como Balears ha mostrado que aquel informe era premonitorio, y que a una situación límite en el día a día como la de muchas jurisdicciones podían sobrevenirle aún mayores consecuencias desde la inactividad completa de sus gestores habituales.

Pero amén de esas consecuencias concretas en el ámbito de cumplimientos penales, la huelga en Justicia dejó en Mallorca durante sus seis primeras semanas claras huellas en tramitaciones sociales tan comunes como las que se llevan a cabo en el Registro Civil y en oficinas especializadas como las de conflictos laborales.

La suspensión de dos de cada tres juicios previstos en Palma, hasta 2.300, y el retraso de más de 70.000 actuaciones judiciales de toda índole previstas en ese período dan una idea de la consecuencia inmediata de la huelga. A medio y largo plazo las simples cifras de hoy darán paso a una situación bastante más comprometida.