El juez instructor del 'caso Ayudas', las posibles irregularidades en las subvenciones otorgadas por el anterior gobierno del Consell de Mallorca a diversas asociaciones de la isla, ha dictado un auto por el cual archiva la causa para cinco imputados, entre ellas, la consellera insular Maria Dolça Mulet, aunque deja abiertas diligencias para que se continúa investigando a otros once incriminados por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad.
El 'caso Ayudas' empezó su andadura en Instrucción 1 en 2007 por la denuncia de varios ciudadanos contra los responsables del Consell Insular de Mallorca que habían intervenido en la concesión de subvenciones otorgadas en 2004 y 2005 a las entidades Centre Cultural de Campos, Associació Agrícola i Ramadera Fora Vila, Associació de Societaas de Caçadors de Mallorca, Associació per la Conservació i Difusió del Patrimoni y Associació d'Activitats Socioculturals de Mallorca.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Pedro Barceló, señala en la parte dispositiva de un auto que consta de 29 folios, que decreta el sobreseimiento provisional de la causa para Maria Dolça Mulet, Joan Josep Mas, ex director de Patrimonio del Consell en 2004, Maria Fátima Lladó, Miquel Ballester y Maria Mascaró, socios fundadores de la Asociación Centro Cultural de Campos, «por no haber quedado acreditado debidamente justificada la perpetración de los delitos que les fueron imputados».
Sobreseimiento
Asimismo, y respecto a Miguel Artigues, Antonio Galmés, Antonio Burgos, Magdalena Rigo, Maria Magdalena Burguera, Nadal Real, Jaime Font, Miguel Oliver, Pedro Vanrell, Àgata Costa y Antonia Barceló, el juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa en cuanto al delito contra la Hacienda Pública del artículo 308-1 del Código Penal, «por no haber quedado acreditado su comisión». No obstante, el magistrado ordena que se debe «proseguir las diligencias en averiguación de si dichas personas pudieron haber cometido un delito contra la Hacienda Pública del artículo 308-2 y otro de falsedad documental».
El juez Barceló analiza las posibles irregularidades en la administración del dinero recibido por las asociaciones en concepto de subvenciones y la justificación de los gastos desde las normativas estatal, autonómica e interna. También, estudió los informes de la Sindicatura de Compets, las certificaciones de la Intervención General, a través de las cuales llega a la conclusión de que las imputaciones no «alcanzan a integrar algún tipo penal, circunstancia que en modo alguno se han acreditado en esta instrucción».
El juez recuerda que el auto no es firme y contra él pueden interponerse recursos de reforma y apelación. Una de las acusaciones ejercida por el Partido Popular ya ha anunciado su intención de presentar un recurso.
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