Los datos facilitados por el Colegio de Aparejadores de Balears sobre las cifras referidas a la construcción de viviendas reflejan una desaceleración muy acusada en el sector, con una previsión del 50 por ciento en Mallorca y el 35 por ciento en Menorca -en Eivissa no se esperan cambios significativos-. Esta caída de la actividad produce, como no puede ser de otro modo, la lógica preocupación sobre el impacto económico negativo que genera; no obstante es imprescindible matizar algunos aspectos para poder analizar con realismo la situación.
El crecimiento de la construcción en Balears durante los últimos años ha sido, en la mayoría de los casos, desmesurado, alcanzando cotas insostenibles al rebufo de una alegría financiera generada por unos tipos de interés irrisorios, muy lejos del euribor actual, en torno al 4'5 por ciento. La actual coyuntura ha obligado a un recorte financiero de muchos proyectos, toda vez que las entidades se muestran mucho más cautas respecto a la viabilidad de algunas aventuras empresariales.
No es un mal dato constatar que la vorágine constructora se toma un respiro y la actividad compulsiva de los últimos ejercicios se logra moderar, razón por la que quizá sea más conveniente calificar de sensatez el período en el que se adentra la construcción en Balears, así lo dan a entender los estudios más solventes.
Resulta evidente que esa rápida moderación de la actividad genera un coste social. La aceleración inmobiliaria ha llevado aparejado un reclamo laboral que, a partir de ahora, la construcción no está en condiciones de absorber y que, sin duda también tendrá su efecto en el consumo; un efecto indeseable que el turismo puede, como mínimo, minimizar si se cumplen las excelentes expectativas para la temporada de este año.
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