La Fiscalía cree que el Plan Territorial dio cobertura legal a «pelotazos» por un valor de 297 millones

Los fiscales aseguran en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción que existen delitos por el uso de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación en la elaboración del Plan Territorial. En el escrito se cita como sociedades beneficiadas por estas operaciones a Zarpimi, cuyo administrador único es Federico Serratosa Caturla; Mirador des Trenc, cuyo presidente es Damiàn Tomás; Cases de Sa Ràpita, cuyos administradores son Pedro Francisco Ferrà Tur (promotor de Can Domenge) y Jaume Bibiloni y, por último, la sociedad Hábitat y Casas Singulares, cuyo administrador único es Mateo Sastre Juan. Precisamente, el propio Sastre reconoció ante la Fiscalía que adquirió los terrenos de Marratxí un mes antes de la aprobación inicial del Plan Territorial «por indicación de personas del Consell».

En la denuncia de Fiscalía no aparece ningún otro nombre, pero sí se destaca que el conseller del Territori en el momento de la elaboración del Pla Territorial era Bartomeu Vicens, en la actualidad portavoz de UM en el Parlament.

Al margen de lo que se ha investigado hasta ahora, la Fiscalía cree que la información suministrada a particulares y la obtención de plusvalías pudo generar, además, contraprestaciones económicas para terceras personas. Es decir, la Fiscalía cree que también debe investigarse la existencia de un posible delito de cohecho (soborno) por parte de las personas que facilitaron la información privilegiada.

Intereses económicos
Según la Fiscalía, entre principios de 2003 y finales de 2004 diversas personas administradoras tuvieron conocimiento «de manera anticipada» de determinados cambios urbanísticos, que iba a suponer posibilidades legales a terrenos que en ese momento tenían la consideración de suelo rústico. Los denunciados utilizaron dicha información para adquirir terrenos y conseguir una plusvalía millonaria.

Para la Fiscalía, el Plan Territorial de Mallorca favoreció los intereses económicos de determinadas empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, al menos, en tres áreas. La denuncia sostiene que se falseó la situación urbanística de determinadas zonas, su realidad física, y la jurídica de determinados inmuebles. «El contenido del plan era arbitrario en la elección de los inmuebles a desclasificar e igualmente arbitrario en los lugares a los que se trasladaban las posibilidades urbanísticas», señala la denuncia.

La Fiscalía se pronuncia con contundencia al afirmar que el Plan Territorial pasó a ser «el instrumento elegido por los denunciados para dar cobertura legal y enmascarar lo que en lenguaje coloquial se conoce como pelotazo».

Hotel Don Pedro
En concreto, la Fiscalía se fija en la plusvalía conseguida mediante la selección del Hotel Don Pedro, en Cala San Vicente, a cambio de recalificar grandes zonas de terreno rústico en Campos. Es decir, se eligió derruir un hotel de 300 plazas a cambio de crear 1.593 plazas hoteleras y 234 viviendas en otra ubicación. La plusvalía con la operación fue de 51'3 millones
Ocurre algo similar con el Hotel Rocamar, en el Puerto de Sóller. Dicho establecimiento, 184 plazas en situación de baja, era demolido a cambio de fincas en Campos. La plusvalía con el Hotel Rocamar fue de 11'4 millones. Para la Fiscalía, lo significativo es que los terrenos recalificados «pertenezcan casi en exclusiva a un mismo propietario».

En el Àrea de Reconversión Territorial sa Ràpita-Campos, a cambio de acondicionar una vaquería como centro de interpretación, se consigue un sector urbanizable de 35'28 hectáreas para viviendas y zona hotelera. Esta operación significaba una plusvalía de 65'8 millones de euros.

Por último, la investigación de la Fiscalía asegura que mediante traslado del aprovechamiento urbanístico de una zona de Alcúdia se recalificaban terrenos en Marratxí (sa Cabaneta y es Caülls). Es decir, se cambiaron 0 metros cuadrados de aprovechamiento en Alcúdia por 330.000 metros cuadrados en Marratxí. La plusvalía se calcula en 93'4 millones. Con esta operación urbanística se podrán construir 1.200 viviendas en Son Crever, según consta en la denuncia de la Fiscalía.