Cuando aún no nos hemos repuesto del último escándalo de utilización fraudulenta de dinero público, protagonizada por el ex concejal de Urbanisme de Palma Javier Rodrigo de Santos, dos nuevos casos se suman al historial de presuntos delitos cometidos por la clase política balear. Por un lado el espinoso asunto del Plan Territorial de Mallorca con los presumibles pelotazos urbanísticos en los que podrían estar implicados dirigentes de Unió Mallorquina y el Partido Popular de la anterior legislatura en el Consell. Por otro, el uso de fondos públicos mediante tarjeta visa (curiosa coincidencia con el 'caso De Santos') por parte del que fuera gerente de la empresa informática Bitel en tiempos del Govern de Jaume Matas. Y es que desde que se destapara el escándalo de Andratx con la detención del ex alcalde popular Eugenio Hidalgo, no han hecho más que aparecer nuevas evidencias de presumibles usos ilícitos y comportamientos presuntamente delictivos.
Editorial
La Justicia debe actuar con contundencia
20/04/08 0:00
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