TW
0

Cuando aún no nos hemos repuesto del último escándalo de utilización fraudulenta de dinero público, protagonizada por el ex concejal de Urbanisme de Palma Javier Rodrigo de Santos, dos nuevos casos se suman al historial de presuntos delitos cometidos por la clase política balear. Por un lado el espinoso asunto del Plan Territorial de Mallorca con los presumibles pelotazos urbanísticos en los que podrían estar implicados dirigentes de Unió Mallorquina y el Partido Popular de la anterior legislatura en el Consell. Por otro, el uso de fondos públicos mediante tarjeta visa (curiosa coincidencia con el 'caso De Santos') por parte del que fuera gerente de la empresa informática Bitel en tiempos del Govern de Jaume Matas. Y es que desde que se destapara el escándalo de Andratx con la detención del ex alcalde popular Eugenio Hidalgo, no han hecho más que aparecer nuevas evidencias de presumibles usos ilícitos y comportamientos presuntamente delictivos.

Frente a todo ello, sólo cabe esperar que la Justicia actúe con toda libertad e independencia y que, en el caso de que se demuestren tales hechos, proceda con toda la contundencia precisa para castigar como corresponde actuaciones que hay que erradicar de la vida pública.

Pero también deberíamos reflexionar y preguntarnos qué está fallando en los mecanismos de control de nuestra Comunitat Autònoma para que se hayan producido estos hechos lamentables. Naturalmente, no debemos, en ningún caso, criminalizar a toda la clase política, ni a la totalidad de una formación política u otra por estos casos puntuales que son o debieran ser meras excepciones. En cualquier caso, también cabría demandar a los partidos un mayor control de los miembros que acceden al poder y poner siempre por encima de todo el interés general, renunciando a ocultaciones partidistas. El futuro de la democracia está en su limpieza misma, sólo así los ciudadanos tienen las suficientes garantías. Por desgracia, los últimos casos arrojan descrédito y desazón en el conjunto de la sociedad de las Islas.