El fiscal Juan Carrau, en primer plano, envió un claro mensaje a los acusados del primer juicio por el 'caso Andratx'. Foto: SEBASTIÀ AMENGUAL

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En sus conclusiones finales, Carrau empleó términos muy duros para justificar su petición de cinco y cuatro años de cárcel para Hidalgo y Massot, y aseguró que los delitos supuestamente cometidos por ambos, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, «están probados».

El escrito de acusación del Ministerio Público fue refrendado por las dos acusaciones particulares, el Ajuntament d'Andraxt y el policía local Juan Enseñat en la jornada que cerró en la Audiencia de Palma el primer juicio del 'caso Andratx', relativo a la vivienda unifamiliar que Hidalgo se construyó sobre una nave agrícola en zona protegida.

Los abogados de los acusados solicitaron al tribunal la libre absolución de sus clientes, con la excepción del letrado del ex celador municipal Jaume Gibert, que ya se había conformado con la pena de cuatro meses de cárcel solicitada por el fiscal. La Sección Segunda de la Audiencia de Palma dejó el juicio visto para sentencia.

En los casi noventa minutos que duró su relato de los hechos, Carrau insistió en el papel destacado que jugó Massot, que fue «colaborador necesario», y que «ayudó a ocultar el delito antes, durante y después».

Penas de cárcel
La Fiscalía calificó en su exposición de «pelotazo innecesario» la construcción de una vivienda unifamiliar por parte del ex alcalde en un Àrea Rural de Interés Paisajístico (ARIP), ya que «era propietario de otras casas en Son Moragues (Andratx) y Avenida Picasso (Palma)», dijo.

«La construyó delante del ayuntamiento (desde la sede municipal se divisaba la casa ilegal), de forma deliberada, 'por mis poderes', ya que era el alcalde, con una licencia que era un cheque en blanco, ya que no reflejaba volúmenes ni alturas, es decir, esa licencia le permitía llegar hasta el cielo», afirmó el fiscal, que calificó la caseta de Hidalgo como «la madre de todas las naves agrícolas de Mallorca».

Añadió que en la conducta de Hidalgo, Massot, el ex celador Jaume Gibert y el abogado Ignaci Mir, «hubo un deseo deliberado de eludir la ley».
Carrau recordó que Hidalgo «en el momento de comprar esa finca, (de 3.035 metros cuadrados) ya conocía la imposibilidad de esa construcción, de ahí que pagara un precio de tan sólo 30.000 euros por esa adquisición».

«Pese a la imposibilidad legal, el acusado Hidalgo siguiendo los consejos del acusado Massot procedió en fecha 14 de febrero de 2003 a solicitar del ayuntamiento una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola. Junto a la solicitud de licencia, presentó un proyecto de ampliación de almacén agrícola firmado por el ingeniero agrónomo Gabriel Cañellas Rotger, el cual se proyectaba la construcción de una nave agrícola en dicha parcela», explicó el fiscal. El duro alegato de Juan Carrau motivó varios gestos de desaprobación de Hidalgo y Massot. Cuando el tribunal le dio la ocasión de tomar la palabra, al finalizar todos los alegatos, Hidaldo subrayó que no tenía nada que decir. En cambio, Massot y Gibert sí que aprovecharon esa oportunidad. El ex director general d'Ordenació del Territori para insistir en que en el informe sobre la vivienda era de aplicación un artículo de la Ley de Suelo Rústico, mientras que Gibert insistió en que vio la casa ilegal de Hidalgo a finales de 2003, pero que no la denunció porque «era del alcalde».

Por otra parte, el perito que realizó un saludo militar a Massot fue Rafael y no Jaume Munar, como erróneamente se hizo constar ayer.