No parece demasiado lógico que el Govern de Balears, presidido por un socialista, tenga que presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para reclamarle al Gobierno central, también presidido por otro socialista, que el Ministerio de Fomento pague los 333 millones de euros de los convenios de carreteras que están en vigor. El conflicto entre Balears-Madrid por las carreteras viene de lejos, y la Audiencia Nacional ha dejado claro que los acuerdos que en su día fueron anulados unilateralmente por el Ministerio de Fomento están en vigor. Es decir, la ministra Magdalena Àlvarez adoptó una decisión arbitraria, contraria a los intereses de Balears y no cabe ni defensa alguna por parte del Govern ni excusas a la hora de devolver el dinero. Ni Carbonero ni Antich deberían perder ni un segundo en justificar a esta ministra que ha perjudicado tanto los intereses de Balears.
Editorial
Madrid debe pagar el dinero de las carreteras
09/05/08 0:00
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