Valor «presunto»
Desde que en diciembre de 2007 la Fiscalía presentara una denuncia penal por los delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación, contra todos los corporativos y funcionarios del Consell que intervinieron en la modificación del Plan Territorial de Mallorca, y especialmente en sus Àreas de Reconversión Territorial que afectan a permutas edificables en Sa Rápita (Campos) y Marratxí, las investigaciones sobre mercantiles presuntamente beneficiadas han revelado la falta de actividad en los terrenos susceptibles de edificación.
Por contra, las empresas que habrían sido beneficiadas con la compra de aquellos terrenos rústicos sobre los que desde hace tres años pueden promover viviendas libres, no han ejercido esa opción urbanística ante los Ayuntamientos de esos municipios.
Así cuando a partir del próximo lunes el actual magistrado del Juzgado de Instrucción 1, Tomás Méndez, y la Fiscalía Anticorrupción comiencen a interrogar y tomar declaración al ex conseller executiu insular de Territori, Bartolomé Vicens Mir, y a los administradores de entidades como Grupo Drac; Zarpimi SA; Mirador des Trenc SL; Cases de Sa Rapita SL y Habitat y Casas Singulares SL, entre otras mercantiles, lo harán con la constancia de que el posible enriquecimiento de los empresarios figura actualmente solo a título de crecimiento estimado de los activos de las sociedades, pero aún inestimable como beneficios de las mismas al no haberlos convertido en edificios y venderlos.
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