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Este año el Gobierno no aportará a la Iglesia católica ni un solo euro de los Presupuestos del Estado, según quedó acordado en diciembre de 2006. Serán, como debe ser, los ciudadanos católicos quienes financien su iglesia. De hecho, son más de siete millones los contribuyentes que anualmente marcan con una X la casilla que corresponde a la Iglesia en su declaración de la renta, lo que le reporta a la institución 160 millones de euros, una cifra respetable que, pese a todo, no cubre más que apenas la cuarta parte de los gastos de un entramado compuesto por nada menos que catorce mil asociaciones, cofradías, entidades y ONG "entre ellas Cáritas y Manos Unidas, dos de las más solventes" que cuentan con sus propios donantes para salir adelante.

Y ahí es donde precisamente se encuentra el asunto más espinoso de esta cuestión. Porque a muchos puede parecerles que la Iglesia es una institución obsoleta o lejana, pero la realidad demuestra que a día de hoy en nuestro país resuelve muchos de los problemas cotidianos de millones de personas. Y es cierto que ciertas posiciones de la jerarquía o de la cadena radiofónica de los obispos, muy beligerantes, pueden haber contribuido a generar, en algunos ciudadanos, una menor predisposición a poner la equis en la casilla de la Iglesia. Pero sería injusto olvidar que casi un millón y medio de estudiantes acuden a colegios católicos; más de cincuenta mil ancianos son atendidos en residencias de religiosas; doscientos mil inmigrantes, 25.000 huérfanos, medio millón de personas bajo el umbral de la pobreza... una ingente labor social.

El Estado, hoy por hoy, es incapaz de garantizar que estos servicios se mantengan sin contar con la iglesia, una institución que, más allá de las creencias o espiritualidad de cada cual, constituye un pilar fundamental para ayudar a los más necesitados. Con todos estos datos cada contribuyente debe elegir las casilla que considere más adecuada.