P. Candia15/05/08 0:00
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El ex gerente de Bitel Damià Vidal cobraba un porcentaje fijo a Ramón de la Iglesia por cada uno de los informes que le encargaba para esa empresa pública, y comisiones de entre el 16'5 y el 22'5% a Iván Guardia, «mordidas» que exigía con amenazas de que, si no las abonaban, prescindiría de sus servicios. Iglesia, Iván y Alexandre Guardia, ingenieros informáticos, declararon ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Palma, Carmen Abrines, en calidad de imputados por la presunta trama de corrupción en Bitel, que investiga la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, defraudació, falsedad en documento mercantil y revelación de secretos. Los tres imputados se ratificaron en las declaraciones que habían realizado ante el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.

Ramón de la Iglesia, ex dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, defendido por el abogado Salvador Perera, declaró que pagaba una cantidad exacta a Vidal por cada trabajo encargado, siempre en efectivo, y en sobres que le entregaba personalmente en bares de Palma.

Explicó que cuando trabajaba como externo para Bitel, Damià Vidal le pidió que presentara unos presupuestos para algunos negociados (proyectos), ya que, según le explicó, era una práctica habitual. El ex gerente le proporcionaba toda la documentación que tenía que aportar en cada presupuesto o proyecto y que aunque dudó de la transparencia de ese procedimiento, confiaba en la diligencia de Vidal.

Iván Guardia también confirmó ante la jueza y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach que Vidal le exigía comisiones por los informes que giraban en torno al 22'5%, porcentaje que él consideraba abusivo y que así se lo hizo saber al ex gerente de Bitel, quien aceptó rebajárselo al 16'5%.

Explicó que consideraba «irregular, pero no ilegal» el pago de esas comisiones, que le eran exigidas bajo la amenaza de despido.
El imputado, asimismo, declaró que Damià Vidal y Miguel Simonet (jefe del área financiera de Bitel) le instaban a «cumplimentar los negociados (proyectos) para justificar los que estaban pagando». Añadió que esos proyectos se hacían «a posteriori, después de haber cobrado las facturas».