Protesta en la calle, silencio en las aulas

Y además fue un éxito. Una unidad sindical sin precedentes logró que el 90% de los docentes de la enseñanza concertada de las islas según los sindicatos y el 74,3% según la Conselleria d´Educació (en Palma, el 75,76%) respaldaran la primera de las dos jornadas de paro convocadas por los sindicatos STEI-i, FSIE, USO, FE-CC OO y FETE-UGT. La protesta responde al incumplimiento del Govern del acuerdo de homologación salarial de los 3.517 maestros y profesores de la red concertada con los docentes interinos de la enseñanza pública.

Según los convocantes, la huelga provocó que sólo un 3-5% de los 43.000 alumnos de los 114 centros afectados acudiera a los centros, porcentaje que compartió la patronal Escola Catòlica, aunque la administración elevó este porcentaje hasta el 15%. La baja presencia de escolares en los centros ayudó a que no se produjera ningún incidente durante el horario escolar, tiempo durante el que los menores estuvieron al cuidado del equipo directivo (que componía los servicios mínimos fijados) y de algunos de los maestros y profesores que no secundaron el paro.

Por la mañana, más de 800 personas (más de mil según los sindicatos), entre representantes sindicales y docentes, se concentraron frente a la sede de la Conselleria para, entre gritos, pitos y pancartas, dejar bien claro que la enseñanza concertada «está en pie de guerra».

Durante unos minutos se cortó el tráfico de la calle Capità Salom y el ruido tan sólo cesó cuando los concentrados guardaron un minuto de silencio en repulsa al último atentado de ETA.

La consellera d´Educació, Bàrbara Galmés, y el director general de Planificació i Centres, Miquel Mestre, accedieron a recibir a los cinco representantes sindicales y a la presidenta de la Unió de Cooperativas de l´Ensenyament, quienes les hicieron entrega de un escrito en el que constataban su «descontento» y la demanda de la firma del acuerdo de analogía que permita acercar en un 99,4% el sueldo de un docente de la concertada con el que cobra un interino de la pública, ya que actualmente la diferencia va de los 160 a los 700 euros mensuales, según la antigüedad. Junto a esta exigencia, se reclamó, además, el resto de puntos que figuran en el borrador presentado por la Conselleria el pasado 7 de febrero, a saber: la acumulación del permiso de lactancia, un calendario para el pago de la antigüedad, la negociación de un complemento ligado a la antigüedad y la formación y que se respeten los términos de aplicación determinados en ese borrador.

Durante este encuentro, de apenas unos minutos y sin cámaras de televisión, Galmés respondió que «estudiaremos de nuevo las posibilidades, pero cualquier negociación deberá tener en cuenta nuestra situación económica». La frase «es muy significativo cuándo hacéis la huelga» lanzada por la consellera provocó unos instantes de tensión. En respuesta, el portavoz de CC OO, Rafel Pons, declaró que «esta huelga no responde a una venganza de ningún preacuerdo que el STEI-I quiso firmar sin el consenso del resto de sindicatos, sino al clamor de este sector al que se quiere obligar a una travesía por el desierto». Desde USO se aseguró que «no estamos aquí por política, sino por dignidad personal».

Poco después, Martorell subrayó que con independencia del «éxito» de esta huelga, el Govern «no cambiará de actitud», de forma que a partir de mañana volverá a reunirse con los sindicatos para lograr un acuerdo «lo más pronto posible». Reconoció que «tomamos nota de la huelga», pero recordó que existe un «problema económico» y que el conflicto es «de calendario, no de fondo».

Hoy hay una nueva jornada de huelga, con los mismos servicios mínimos, y los sindicatos no descartan convocar nuevos paros si no se desbloquea la situación.