La sentencia de la primera pieza del llamado 'caso Andratx', sobre la que ya se ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dictada por la Audiencia Provincial detalla de un modo descarnado todo un cúmulo de irregularidades administrativas y delitos que desembocaron en la construcción de un chalet ilegal del primer edil, Eugenio Hidalgo. El fallo revela la complicidad de políticos y técnicos para burlar la ley.
Con independencia de las penas impuestas "la sentencia no es firme y la de ayer es sólo el pórtico de un rosario de decenas de supuestas irregularidades que tienen que pasar por el tamiz de los jueces" no cabe duda de que el pronunciamiento judicial tiene un marcado carácter ejemplarizante. En primer lugar por ser el punto de partida de los sucesivos procesos que conforman el complejo 'caso Andratx' y, en segundo lugar y más trascendental, por las consecuencias políticas y sociales; nada será igual en la ordenación territorial y el urbanismo en Balears. La arbitrariedad, la corrupción, el favoritismo, el amiguismo y la negligencia ya no quedan impunes ante la Justicia. Conviene tener presente que el 'caso Andratx' comenzó con la denuncia de un agente de la Policía Local de la localidad y los ecologistas del GOB.
El relato in voce por parte del ponente del tribunal se ha convertido en un bálsamo para quienes vienen advirtiendo, y denunciado, una manera de entender la política basada en el enriquecimiento personal y en la perversión del ordenamiento jurídico, auténtico fondo del 'caso Andratx', perpetrado desde las mismas instituciones por, precisamente, sus máximos responsables políticos, técnicos y asesores. Cabe desear que la sentencia acabe marcando un antes y un después en la gestión del territorio, lo lamentable es que tenga que imponerse de un modo tan traumático.
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