El Consell Econòmic i Social (CES) presentó ayer un informe titulado El sector de la construcción en las Islas Baleares desde 1987 hasta el 2006, dos décadas en las que se han producido drásticos cambios sociales y económicos en nuestra Comunitat Autònoma. A modo de conclusión, el documento "en cuya elaboración han participado expertos de la UIB" plantea la responsabilidad de las diferentes instituciones respecto a la caótica evolución de la ordenación territorial.
Las decisiones políticas más importantes que se han adoptado en estos veinte años aparecen como responsables directas de los picos y valles que reflejan la actividad de la construcción en Balears, un vaivén con el que se ha tratado de contrarrestar el clima de inseguridad jurídica que ha llevado aparejada cada una de estas normas. Resulta llamativo, pero todos los intentos proteccionistas o reguladores del uso del territorio en las Islas han acabado provocando una psicosis desarrollista de las que ahora, en un claro proceso de desaceleración económica, se están pagando, como nunca, las consecuencias: un consumo enorme de terreno y paisaje y un gran parque de viviendas vacías. Algo no se ha estado haciendo bien en la protección del territorio balear.
Acierta el Consell Econòmic i Social en su denuncia y sería deseable que, de una vez por todas, el crecimiento urbanístico en Balears estuviese dotado de una normativa estable y no sometida a decisiones coyunturales. Las consecuencias de la actitud mantenida durante todos estos años son insostenibles y pueden acabar con el encanto de las Islas como destino turístico "su principal actividad económica" además de esquilmar sus recursos naturales, un final indeseable.
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