"Estoy herido, pero no muerto"

El promotor inmobiliario Vicenç Grande ha incluido en la solicitud de concurso de acreedores voluntario (antigua suspensión de pagos) un proyecto «viable» para hacer frente al pasivo de entre 600 y 700 millones de euros que arrastra, y le pide al juez «tiempo» para transformarlo en una realidad.

Grande «no está vendiendo humo al juez», según las fuentes consultadas por este diario, ya que el patrimonio que ofrece para hacer frente a la millonaria deuda con los bancos es «sólido», y está amparado por inmuebles y terrenos de gran valor.

El titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, estudiará el expediente de concurso de acreedores presentado por las catorce empresas del Grup Drac y del propio Grande como persona física, y si cumple con todos los requisitos exigidos, dictará el pertinente auto declarando el concurso de acreedores.

Para ello, se tienen que cumplir varios requisitos. El juez tiene que tener acceso a la relación completa de acreedores y a todos los documentos contables que estime oportuno, así como las correspondientes auditorías y balances de todas las sociedades de los tres últimos años.

Una vez en marcha el proceso concursal, el juez designará a tres administradores judiciales, un economista, un abogado y un representante del acreedor principal, en esta caso Sa Nostra, que reclama 100 de los 600 millones del pasivo declarado por las catorce empresas y Grande. Los administradores judiciales tomarán el control de las empresas concursadas y no se tomará ninguna decisión sin el visto bueno de ellos. Es decir, supervisan, pero no intervienen. Más adelante, Grande y sus empresas, asesoradas en el proceso judicial por el abogado Joan Font, tendrá que presentar ante el juez una documentada propuesta de viabilidad económica.

La idea básica del concurso de acreedores es que la sociedad, en este caso el Grup Drac, acepta de forma realista la verdadera situación económica y, además, facilita a los acreedores un mayor control sobre las sociedades y sus deudas.

El juez Fernández, el secretario del juzgado, Antonio Márquez y los funcionarios del Mercantil 1, han tramitado los concursos de acreedores, voluntarios y necesarios, más importantes de los declarados en Balears.

Las fuentes consultadas por este diario pusieron de manifiesto la experiencia y profesionalidad del magistrado Fernández y su equipo para llevar adelante la suspensión de pagos, de más de 600 millones de euros, más elevada en la historia judicial de las Islas. En juego está no sólo el futuro de un imperio empresarial, sino el de cientos de trabajadores y el de sus familias.

Las sociedades que han presentado el concurso de acreedores son Bini Saeta, Bini Puntiró, Drac Hotels, Binibona, Drac Plus, Plus Aragón, Pinanova, Brivalta, Autorecambios Hilario, Binimaría, Nova Denia, Promomendi, Promotora Polígono Santa María y Joyería Colom 9.

Por otra parte, la empresa patrimonial de Vicenç Grande, Puntiró, desistió ayer de la petición de medidas cautelares por la operación de compraventa de Son Massot. La vista debía celebrarse hoy en el juzgado civil número 15 de Palma. Puntiró abonó los derechos de opción de compra de Son Massot mediante pagarés mensuales que ha dejado de atender en el mes de diciembre.