El teniente de alcalde de Benestar Social i Participació del Ajuntament de Palma, Eberhard Grosske, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto destinado a paliar el problema de los aparcacoches ilegales en las calles de la ciudad, cuya proliferación origina numerosas protestas por parte de conductores que se sienten intimidados por la actitud de muchas de estas personas que piden unas monedas por su 'ayuda'.
Lo más llamativo de la iniciativa de Grosske para acabar con los 'gorrillas' -tal y como se les denomina en el argot callejero- es su contratación por parte del propio Ajuntament palmesano dotándoles de un uniforme y asignándoles una zona para desempeñar -y esto es lo más sangrante- una labor innecesaria e injustificable: aparcar coches en la vía pública. El despropósito del teniente de alcalde se completa cuando se comprueba que sus planes carecen de los mínimos avales técnicos que garanticen su éxito para la reinserción social, de hecho -que se sepa- ningún otro municipio de España ha puesto en marcha una propuesta de características similares.
Grosske no ha explicado qué 'gorrillas' serán los contratados y en base a qué méritos, tampoco detalla cómo evitará los posibles conflictos entre beneficiarios y perjudicados por la medida. Cuestión delicada también es la responsabilidad civil que asumirá Cort por los posibles problemas que causen los nuevos trabajadores.
En definitiva, el departamento que dirige Eberhard Grosske debe reconsiderar este plan, que más parece ser fruto de un exceso de voluntarismo que del mínimo rigor exigible a una institución de tanta trascendencia como es el Ajuntament de Palma. La alcaldesa Calvo y el todo su equipo de gobierno no pueden permitir tan descabellada actuación.
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