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X.G.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que le sea remitido el acuerdo de gobernabilidad que suscribieron el 18 de junio de 2003 los máximos dirigentes del PP balear y de Unió Mallorquina en la legislatura pasada. El interés de los fiscales es saber si existe una contradicción entre las explicaciones que dio el ex conseller de Medi Ambient, Jaume Font (PP), y el acuerdo en lo que se refiere a la recalificación de terrenos rústicos a urbanos en el Plan Territorial de Mallorca (PTM).

Jaume Font manifestó, en su declaración ante el juez Miquel Florit, que la competencia de las Areas de Reconversión Territorial (ART) no correspondía al Govern de Jaume Matas, sino al Consell de Mallorca, presidido por Maria Antònia Munar. El ex conseller del PP reconoció que él era el responsable de negociar el Plan Territorial con los dirigentes de UM, pero que su partido había firmado un acuerdo según el cual daba apoyo «incondicionalmente» a las propuestas que le llegasen del Consell. Font se desmarcó de las operaciones de recalificación de terrenos que ahora se investigan, y a preguntas de los fiscales dijo lo mismo del ex presidente del Govern, Jaume Matas. El ex conseller aseguró que su formación política en ningún momento «no incluyó ninguna ART ni impuso ninguna en concreto». La declaración de Font tuvo lugar el 23 de mayo pasado.

Esta versión colisiona con la de otro imputado, Bartomeu Vicens (UM), ex responsable de Ordenació del Territori del Consell de Mallorca.
Diez días antes que Jaume Font, Vicens había responsabilizado ante el juez a los dirigentes del PP de la aprobación de las tres recalificaciones de terrenos que esconderían los «pelotazos» urbanísticos que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

A causa de la aparente contradicción en las declaraciones de ambos imputados, el pasado 18 de junio Anticorrupción requirió a las partes implicadas en el procedimiento que remitiesen una copia del pacto de gobernabilidad firmado en 2003 por los presidentes del PP y de UM, Jaume Matas y Maria Antònia Munar, respectivamente, y por los secretarios generales de ambas formaciones políticas, José María Rodríguez y Bartomeu Vicens.

El interés de los fiscales sería contrastar las declaraciones de Font con lo que pactó su partido con UM.
El acuerdo de la pasada legislatura establecía que «la gestión del Consell será competencia exclusiva de UM», a excepción del Institut d'Afers Socials i Esportius, gestionado por el PP. Pero el apartado VIII matizaba que «se requerirá el acuerdo conjunto» de las dos formaciones para aprobar iniciativas de gran importancia, como el Plan Territorial de Mallorca y el Plan de Carreteras, entre otros.