El asesor legal de la patronal, Marc González, explica que esta etapa escolar, que no es obligatoria, está concertada en las Islas desde el año 1998 (Balears fue la primera comunidad en universalizar la gratuidad del segundo ciclo de Infantil), cuando aún este derecho no estaba reconocido legalmente. De hecho, la primera ley que contempla esta gratuidad es la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (elaborada por el PP), del año 2004. La actual ley, la LOE, también define esta etapa como «no obligatoria pero sí gratuita».
Por eso, el Gobierno prometió a las comunidades que se habían adelantado a la ley una compensación económica, dinero que fue abonado a finales del pasado año. En total, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de 285.995.000 euros para ayudar a las comunidades a financiar la gratuidad del segundo ciclo de Infantil. Así, además de Balears, que recibió 7 millones, por ejemplo Canarias recibió 14 millones o Andalucía, 52 millones. Esta asignación presupuestaria proviene de los compromisos económicos recogidos en la Memoria Económica de la LOE y se suma a los 175.000 euros destinados por el Gobierno en 2006 al mismo concepto.
González recuerda que, entre otros compromisos, «la Conselleria debe a cuatro centros concertados un millón de euros por obras de ampliación que se comprometió a financiar mediante la Orden de ayudas del 2007 y que aún no han pagado porque dice que no hay dinero».
Es decir, concreta, «lo que queremos denunciar es que había un dinero que provenía de Educación y que en lugar de revertir en este departamento para aliviar en parte su situación se ha desviado a otras finalidades». «Aunque no es una partida finalista, que deba revertir necesariamente en un área u otra, creemos que la Conselleria d´Educació tiene problemas, a decir de sus responsables, y no entendemos por qué no es prioritaria para este Govern».
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