Servicios sociales en manos privadas: el drama de las empleadas familiares

L. MORRAL Cada miércoles de este mes de julio centenares de trabajadoras familiares de Palma salen a la calle con pancartas a protestar. Reivindican un salario en condiciones. Las empresas por las cuales están subcontratadas, Intress y Servisar, se embolsan de cada una de las 500 empleadas que tienen en nómina en torno a los 4 euros por cada hora de trabajo. Y es que la diferencia mensual por término medio que hay entre una trabajadora familiar o social contratada directamente por el Cort y otra que ofrece servicios a través de una empresa subcontratada se sitúa en torno a los 500 euros. La primera cobra 1.550 euros mensuales -19 euros la hora- mientras que la segunda tiene una nómina de 1.060 euros sucios que acaban siendo unos 900 euros en el mes -6'53 euros la hora-. Una diferencia de 13 euros por servicio. Eso en el caso de que las subcontratadas hayan podido trabajar las 40 horas semanales estipuladas, pues su salario no es fijo, cobran por horas trabajadas. «Si tenemos la mala suerte de que se anulen servicios hay meses que nuestra nómina se queda reducida a los 700 euros», recrimina Bàrbara Maymó, una de las trabajadoras familiares afectadas y miembro del comité sindical de UGT en las negociaciones por el nuevo convenio colectivo de este sector. «Tenemos una gran inestabilidad económica», denuncia también Patricia Velázquez.