La aportación de Balears al Fondo de Suficiencia, es decir, el dinero que aportamos para sufragar a otras autonomías con peores índices de riqueza, ha alcanzado la nada desdeñable cifra de 1.200 millones en seis años. Y nadie pone en cuestión que las comunidades que más tienen deben solidarizarse con las que menos pueden. Pero resulta chocante que, frente a esta aportación, una de las mayores del Estado, las inversiones de éste en las Islas no se corresponden con las auténticas necesidades y con lo que debieran ser. Es más, de haber podido contar con ese dinero, el Govern balear no hubiera tenido que recurrir al endeudamiento para hacer frente a inversiones en la mayor parte de las ocasiones perentorias.
Si bien es cierto que se ha avanzado en las negociaciones sobre financiación autonómica, falta todavía aterrizar en el terreno de lo concreto y que el Gobierno central asuma los compromisos adquiridos. De no ser así, volveremos a encontrarnos igual que siempre, con el agravio de ser una de las comunidades que más aporta, pero que menos recibe.
Es cierto que nos encontramos en un momento de crisis en el que se habla de la importancia de la reducción del gasto público, pero esto no significa que Madrid deba recortar lo que en su día aprobó destinar a las autonomías. Existen otras vías. Y, además, sin esa capacidad inversora, el autogobierno queda sensiblemente mermado, la capacidad de maniobra del Ejecutivo autonómico se ve reducida y los que salen perdiendo son los ciudadanos de Balears. Es por ello imprescindible que se asuma de una vez por la vía de los hechos que las Islas sufren un retraso histórico por lo que hace a las inversiones y aportaciones del Estado. Una cosa es la innegable solidaridad y otra la histórica discriminación padecida durante años.
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