No hubo sorpresas de último momento: la Assemblea de Batles aprobó ayer por unanimidad en la Escola d'Hoteleria los estatutos de la Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. Así, se cumple el primer requisito para poner en marcha el organismo que, a partir de 2009, se encargará de luchar contra la indisciplina urbanística. El reglamento deberá ser ratificado por el pleno del Consell del 28 de julio.
Los estatutos prevén que el Consell tenga tres representantes en la agencia, además de la presidencia, que recaerá en la consellera de Territori, Maria Lluïsa Dubon. Los tres pertenecerán a partidos que no ostenten la presidencia. Los alcaldes, por su parte, tendrán cuatro. Está previsto que, en el periodo de alegaciones, se incluya la posibilidad de que los alcaldes implicados puedan participar de las reuniones cuando se debatan asuntos de su municipio. Y no sólo acudir, también tendrán derecho a voto.
La cuestión que todavía queda por resolver es cómo se repartirá el superávit, siempre y cuando lo haya. En un principio, el ente se autofinanciará gracias al cobro de las sanciones. También queda por definir los convenios que se firmarán con cada uno de los municipios que quieran adherirse, que marcarán si el ayuntamiento, además de traspasar al organismo las competencias en materia de urbanismo, también debe transferir el equipo técnico. Esta opción se dará sólo en los consistorios más grandes de la Isla.
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