La nueva fórmula de financiación autonómica planteada por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha sido acogida con una prudente frialdad por parte del Govern, a tenor de las manifestaciones del president Antich y el conseller del ramo, Carles Manera. No será hasta el próximo martes, cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se darán a conocer los detalles del nuevo sistema de reparto de los fondos estatales con destino a las Comunidades Autónomas.
A falta de concretar los detalles, Solbes ha asegurado que todas las autonomías verán mejorada su actual financiación. En el caso balear se asegura que el factor de población tendrá un peso importante para corregir los actuales desfases financieros, un aspecto que -en principio- significaría asumir parte de las reclamaciones históricas de Balears, que en pocos años ha tenido que hacer frente a un brutal incremento de la demanda en servicios como la educación y la sanidad, fruto del aumento poblacional. Sin embargo, éste no es el único problema.
El reciente informe, elaborado por el propio Ministerio de Economía y Hacienda, reconoce que hasta un 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Balears lo recauda el Estado para revertirlo en otras Comunidades Autónomas españolas -a modo de ejemplo, las aportaciones estatales a Extremadura y Asturias significan el 18 y el 14 por ciento, respectivamente, de sus PIB-. Ésta es una situación que, como el propio president Antich ha admitido, debe corregirse.
Balears se juega mucho en este proceso, el cual se enmarca en un escenario macroeconómico mucho más adverso de lo previsto. Sería, sin embargo, un error no aprovechar la ocasión para resolver de manera definitiva el agravio que sufren las Islas en materia de financiación.
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