Anticorrupción abre diligencias por el posible despilfarro del Palma Arena

El Palma Arena, el recinto deportivo de referencia de Balears, puede acabar en los tribunales si la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de delitos en el millonario sobrecoste de la instalación, que ha costado más de cien millones de euros a las arcas públicas, frente a los 46,4 previstos en un principio.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron ayer a este diario que los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach están estudiando toda la documentación económica del proyecto, cuyos aspectos principales salieron a la luz pública tras una auditoría encargada por el Govern que preside Francesc Antich. «Estamos en ello», dijo el fiscal superior Bartomeu Barceló. Fuentes del Govern, por otra parte, insistieron en que ellos no han presentado, todavía, ninguna denuncia, por lo cual la Fiscalía estaría actuando de oficio.

La auditoría reveló que el sobrecoste de la instalación, que fue sede el pasado año del Mundial de Ciclismo y del Eurobásket, había superado con creces el 20 por ciento de desfase permitido por la ley. Y todo ello, teniendo en cuenta los elevados intereses bancarios y de que faltan partidas por concretarse.

Ultima Hora ya informó el pasado 30 de enero que, la adjudicación de la obra gruesa realizada a la UTE formada por FCC y Melchor Mascaró (el velódromo y el pabellón multiusos) se realizó por un importe de 46,4 millones de euros, de los que el Consorcio que gestionó la construcción del Palma Arena, formado por el anterior Govern, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma, sólo abonó 39.687.000 euros. Las sucesivas modificaciones del proyecto, añadido a los costes financieros, ha provocado que el presupuesto final supere los 138 millones de euros.

Según fuentes consultadas por este periódico, cuando el nuevo equipo se hizo cargo de la Conselleria d'Esports recibió un informe de las empresas en el que se explicaba el sobrecoste que había supuesto la construcción del Palma Arena, que aún tenía que pagarse. Acto seguido, el departamento solicitó al conseller d'Hisenda, Carles Manera, el dinero para poder asumir el sobrecoste.

Para comprobar cómo se había generado ese incremento en el presupuesto, Manera pidió a Esports la documentación que acreditaba el aumento. A su vez, los servicios jurídicos de Esports sugirieron que se realizara un calendario de pagos.

Durante la tramitación de toda la información, la Conselleria d'Esports también detectó fallos en la construcción como, por ejemplo, elementos inacabados.

Toda la documentación se trasladó a Manera, incluida las actas que justificaban el aumento de presupuesto. Según estas actas, el incremento vino motivado por las horas extras, el cambio de arquitecto a mitad de la obra, que supuso revisar el proyecto, y la realización de la cubierta, además de otros imprevistos.

El coste de las obras ya superan los cien millones de euros, una cifra muy elevada que todavía puede incrementarse si se tiene en cuenta que los 46,4 millones de euros iniciales están sujetos a un préstamo solicitado por el Consorcio en mayo de 2006, avalado por el anterior Govern, y traspasado a Illesport con la autorización del entonces presidente del patronato de la Fundació, Jaume Matas.

El sobrecoste del proyecto del Palma Arena fue analizado por la junta rectora del Consorcio, que cinco días antes de las elecciones (el 27 de mayo de 2007), recordaba la resolución del 21 de marzo por las que se solicitaba a las instituciones participantes «un presupuesto complementario de 35,67 millones de euros».

Por otra parte, varios despachos de abogados están preparando la defensa de las personas que serán llamadas a declarar en calidad de imputados por Anticorrupción.