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PATRICIO CANDIA

La crisis económica en Mallorca se mide por la actividad en los dos Juzgados de lo Mercantil de Palma, que tramitan los concursos de acreedores voluntarios y necesarios, antiguas suspensiones de pagos y quiebras. El aumento porcentual de las suspensiones de pagos se eleva en el primer semestre de 2008 al 350% y el de las quiebras al 671%, según los datos oficiales que maneja el Decanato de los Juzgados de sa Gerrería.

Empresas y personas jurídicas han presentado entre enero y junio de este año 63 expedientes de concursos de acreedores voluntarios, frente a los 14 del mismo período de 2007. Entre ellas destaca la del Grup Drac, de Vicenç Grande.

Con respecto a las quiebras, se ha pasado de 4 concursos en 2007 a 54 en este año.

Esos elevados porcentajes son el reflejo, según las fuentes consultadas por este diario, de la crisis económica que está ahogando a empresarios y familias. La Ley Concursal en vigor desde 2003 (Palma fue pionera en la puesta en marcha de esos juzgados especializados) permite organizar las finanzas del concursado para conseguir que el mayor número de acreedores cobren lo máximo posible.

En este procedimiento «se protege más a los débiles, como los trabajadores, y se posterga a aquéllos que han tenido influencia en la mala situación económica o que puedan beneficiarse del concurso, por ejemplo, administradores de la sociedad o personas relacionadas con el concursado», según uno de los objetivos de la normativa.

El sector de la construcción y el inmobiliario de Mallorca es el que más ha notado las turbulencias de la economía. Más de la mitad de los concursos han sido presentados por empresas relacionadas con el «ladrillo», y las previsiones para los próximos meses no son nada halagüeñas.

Un bufete de abogados especializados en la materia ha pronosticado para los próximos meses la presentación de más expedientes de suspensiones de pagos y quiebras en los juzgados.

«Es un efecto en cadena. Cuando caen empresas importantes del sector (de la construcción), le siguen otras de dimensiones menores (subcontratas), pero que arrastran cientos de puestos de trabajo», explicó uno de los letrados. También ha sido significativo el incremento de los concursos voluntarios presentados por familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. La Ley Concursal les permite acudir al juez para intentar ganar tiempo frente a los bancos, pero no siempre con éxito. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma ingresó 750 asuntos el pasado año, y muchos de ellos correspondieron a suspensiones de pagos presentados por familias.

El 5% de los concursos voluntarios fueron presentados por particulares, a quienes la nueva Ley Concursal dispensa el mismo trato que a las empresas cuando éstas se acogen a esa normativa para evitar los embargos. Es decir, los activos para hacer frente a las deudas y el montante del pasivo son valorados por el juez con los mismos criterios que emplea para analizar las cuentas de una sociedad.