En la querella se detallan todos los gastos, pagos de comisiones, irregularidades y delitos cometidos presuntamente por diez personas a las que se acusa, y se destaca que Amengual y Gosálbez se aprovecharon de la absoluta falta de controles administrativos y financieros sobre la gestión que estaban llevando a cabo. Con respecto a los gastos particulares de los dos citados, de las facturas examinadas se tiene constancia de que Gosálbez gastó más de 20.000 euros en servicios y compras, que nada tenían que ver con trabajos del consorcio, y el gasto de Amengual por estos mismos conceptos asciende a más de diez mil euros.
Otro dato que se destaca en los resultados de las investigaciones, es el de que hasta el año 2005 el Consorcio Turisme Jove tenía su sede en un local de la calle Jeroni Antic de Palma. El local era propiedad de la CAIB por lo que no se pagaba alquiler alguno. Pero a pesar de ello, sin necesidad alguna, y estando ya en aquel momento el consorcio en una precaria situación económica, Amengual y Gosálbez gestionaron una serie de contratos de nuevas oficinas.
Dos de ellas se alquilaron a la entidad Island Estates SL, cuyo propietario, Matías V.R. está también querellado. Las oficinas están situadas en la calle Barón de Pinopar, el contrato de alquiler se formalizó el 23 de marzo de 2005 y si por los locales se pagaba hasta entonces un precio de 800 euros al mes, se pactó una renta mensual de 16.000 euros por un período de diez años.
Otra oficina se alquiló a la entidad Edificaciones Vial. El contrato se formalizó el 27 de diciembre de 2005, por una renta mensual de 15.500 euros el primer año, y 13.000 euros desde el segundo año y hasta la finalización del contrato. En estos dos casos el gerente y el jefe de Mantenimiento firmaron los contratos sin cumplir ninguno de los procedimientos que se establecen por ley.
Más locales
Otros dos locales que se alquilaron de forma fraudulenta son los situados en la calle Francisco Vidal Sureda, en Palma. La firma se llevó a cabo el dos de enero de 2007 entre el entonces gerente como parte arrendataria, y el Grupo Fanodi Gestión SL como parte arrendadora.
Gosálbez y su esposa son los administradores solidarios de dicha entidad. Curiosamente, Grupo Fanodi se constituyó el 15 de mayo de 2007, o sea, cuatro meses después de que se suscribiera a su nombre el contrato de arrendamiento de los dos locales de la calle Francisco Vidal Sureda. Un contrato a todas luces «imposible» y que los investigadores califican de falsificado.
Para los investigadores, la entidad mercantil Grupo Fanodi Gestión SL se constituyó por parte de Gosálbez y su esposa como sociedad pantalla, a través de la cual se canalizaban las cantidades económicas procedentes de los fondos públicos. Así, decenas de miles de euros iban a parar a sus bolsillos y se trataba de ocultar que fueran ellos los beneficiarios.
Como ya se ha comentado en estas páginas, a través de la citada entidad se gestionó un programa de intercambio de jóvenes que nunca existió, y que figura que se llevó a cabo los meses de mayo y julio de 2007 en el Albergue Juvenil de La Victoria, en Alcúdia.
En la querella se especifica que el matrimonio de apropió de 19.000 euros de los fondos públicos de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ).
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