La maratoniana jornada de interrogatorio judicial a los imputados Amengual y Gálvez sirvió al Ministerio Público para apuntalar su convicción de que, especialmente durante los dos últimos años del Govern anterior, el consorcio Turisme Jove se desenvolvió con una ausencia absoluta de controles administrativos y financieron sobre su gestión.
Ahora dentro de las diligencias abiertas por un juzgado de Instrucción, proseguirán las investigaciones sobre malversación de caudales públicos en el consorcio que, según el Código Penal y numerosas sentencias del Tribunal Supremo, alcanzan tanto al que sustrae como a quien «consiente que otro sustraiga», lo cual no exige -aunque con frecuencia lo acompañe en estos casos- un ánimo de lucro personal.
En ese sentido, el cuadro de imputaciones presentadas por Anticorrupción alcanza de forma evidente a Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios y Mantenimiento Turisme Jove, de quien se tienen constancias documentales y testimonios de proveedores del consorcio, pero enmarca también a Damià Amengual, ex gerente, y a Juan Francisco Gálvez, ex director general de Joventut del Govern de Jaume Matas, quienes a efectos político-administrativos eran supervisores de sus decisiones con fondos públicos.
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