Carlos Dívar fue elegido ayer, por unanimidad, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Los veinte nuevos vocales del CGPJ materializaron, en la votación, el consenso alcanzado entre el PSOE y el PP para la renovación de los principales órganos judiciales; proceso que había quedado estancado durante la anterior legislatura como consecuencia de las agrias relaciones que mantenían el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el principal partido de la oposición.
No cabe duda de que el nuevo clima ha logrado cerrar una larga etapa en la que la tensión política contaminó el normal desarrollo de las labores del Consejo General del Poder Judicial, la elección por unanimidad de su nuevo máximo responsable permite augurar un periodo de mayor sosiego en la gestión de la judicatura española.
Sin embargo, la elección de Dívar también ha puesto en evidencia la falta del necesario tacto y prudencia por parte del Gobierno, como principal impulso, en todo este proceso. A la vista del resultado de las elecciones internas, todo indica que el de Carlos Dívar también es un nombre fruto de un pacto político entre socialistas y conservadores "entre Zapatero y Rajoy" que ha generado no pocas críticas, en especial entre los estamentos más progresistas de la judicatura por su ideología conservadora y tradicional.
Desde un primer momento se ha cuestionado este reparto por cuotas de partidos la designación de los miembros del CGPJ, una fórmula discutible pero que, en ningún caso, debe justificar la intromisión del poder político en sus decisiones. De cara al futuro es exigible una mayor distancia de la política respecto a las decisiones internas de los jueces españoles.
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